SACHA, EN LA MIRA DE INVERSIONISTAS
El ultimátum que impuso el Gobierno a Sinopetrol para pagar los 1.500 millones de dólares por la concesión del Campo Sacha hasta hoy, martes 11 de marzo, no solo estaría contradiciendo los plazos establecidos en las actas de negociación, que otorgan 30 días laborables para realizar los desembolsos, sino que podría plantear un nuevo riesgo para el país en tema de seguridad jurídica. Este contrato, ya cuestionado hace algunas semanas por haberse adjudicado bajo condiciones poco transparentes y perjudiciales para el Estado ecuatoriano, ahora también podría verse empañado por las decisiones unilaterales del Gobierno. Una posible violación de cláusulas contractuales no solo podría exponer al país a costosas retaliaciones legales, sino que deterioraría nuestra ya frágil imagen internacional. La administración de nuestros recursos estratégicos requiere de un manejo planificado y serio. Ecuador, en el actual contexto, no puede darse el lujo de proyectar más inseguridad jurídica ante los ojos de inversionistas internacionales. Si buscamos atraer capital extranjero para impulsar nuestro desarrollo, hay que actuar con prudencia y responsabilidad, respetando los acuerdos firmados y garantizando reglas claras para todos los actores económicos.
