CORRESPONSABILIDAD EN LA SEGURIDAD
La seguridad ciudadana es un derecho fundamental que no puede depender exclusivamente del Gobierno central y eso tienen que tenerlo claro los gobiernos locales. Si bien es cierto que la formulación de políticas públicas en esta materia es una tarea nacional y que la Policía tiene la responsabilidad de ejecutarlas, los alcaldes juegan un rol crucial en la planificación y el reordenamiento territorial. Su capacidad para diseñar espacios urbanos seguros, mejorar la iluminación, controlar el uso del suelo y fomentar el desarrollo económico local incide directamente en la reducción de la criminalidad y la percepción de seguridad. La seguridad es un componente esencial del desarrollo sostenible y de la calidad de vida de la ciudadanía. Un municipio bien gestionado en términos de infraestructura, movilidad, empleo y cohesión social contribuye significativamente a prevenir la delincuencia y fortalecer la convivencia pacífica. Ignorar este papel es reducir la seguridad a una cuestión meramente policial, cuando en realidad es un fenómeno complejo que requiere de un enfoque integral. Los municipios no pueden solo ser espectadores de la violencia y el desorden; deben asumir con decisión su corresponsabilidad en la ejecución de políticas públicas de seguridad.
