La adquisición de vehículos y casas con empresas que ofrecen compras programadas se multiplican. Esa modalidad es legal, pero hay denuncias por incumplimiento o por estafas de algunas de ellas.
La Superintendencia de Compañías inició este año un proceso para regular al sector, tras las denuncias en redes sociales. Allí se alerta de negocios que incumplen lo pactado.
Este tipo de negocio se inicia con la formación de grupos de al menos 160 personas. Todos firman contratos de adhesión para aportar una mensualidad que sirve de fondo común para la compra alternada de vehículos o casas.
Hay dos formas de recibir el bien:
Por licitación: se entrega al miembro que más dinero aporta.
Por sorteo: puede durar cuatro años para el vehículo y ocho años para la vivienda.
LAS DENUNCIAS SE INCREMENTAN
El atractivo es económico. Las empresas dicen no cobrar interés, sino un porcentaje de administración del 5 %, cuando una entidad financiera puede cobrar 16 %. Pero hay bemoles:
La abogada Domenique Estacio, contó que estas empresas ofrecen a los clientes “cosas que no son realidad”. “Les dicen ‘deme una entrada de tal valor y a la semana ya le entregamos el auto’, pero son valores super bajos para entregar un auto: USD 800, 1 000, hasta 2 000”.
Ella recibía una consulta al mes en agosto del año pasado de clientes que querían salirse y recuperar su dinero. Ahora atiende tres casos diarios.
La Cámara de Empresas de Compra Programada, que acoge al 80 % del mercado formal, indica que no cobran penalidades, sino gastos administrativos. Están preocupados por el surgimiento de empresas ilegales.
Mauricio Peña, director de la Cámara de Empresas, explicó que cualquier empresa constituida ante la Superintendencia de Compañías, con un capital mínimo de USD 800, ya podría dedicarse a la actividad de compra programada, sin ser calificada como ilegal.
EN ECUADOR HAY 55 FIRMAS DEDICADAS A ESTA MODALIDAD
Para evitar estos casos, la Superintendencia de Compañías volvió más rígidas las condiciones para operar. Hasta fin de mes deben acreditar un patrimonio de USD 300 000 y capital de USD 300 000; demostrar que tiene un software especializado para la gestión con sus clientes y constituir una póliza no menor al 2 % de los recursos aportados por los miembros.
En el país hay 56 firmas dedicadas a esta modalidad. Algunas sin capacidad financiera para responder a sus clientes y otras sin los permisos.
La Superintendencia, que ahora recopila información, empezará en abril controles para intervenir las firmas que incumplan requisitos.
