Con un alcalde en funciones asesinado; otro cuya victoria en las urnas era inminente, pero fue acribillado horas antes de las elecciones; y un tercero que fue posesionado, pero una supuesta infracción electoral mantiene en vilo su permanencia, Manabí, la tercera provincia más grande del país, es un ejemplo que el respaldo popular con el que un alcalde llega (o intenta llegar) a ese puesto no garantiza que cumplirá su periodo.
Han pasado casi seis meses desde que los ecuatorianos acudieron a las urnas para escoger a sus autoridades locales y en Manta, Puerto López y Portoviejo han ocurrido hechos inusuales y lamentables, pero no los primeros de este tipo en la historia de la provincia.
Omar Menéndez, asesinado previo a su triunfo
En Puerto López, al sur de la provincia de Manabí, las elecciones del 5 de febrero las ganó Omar Menéndez, el candidato de la Revolución Ciudadana que fue acribillado horas antes en ese cantón. El ataque contra el aspirante dejó una víctima colateral: un joven de 16 años. Menéndez triunfó gracias al apoyo del 45,98 % de los votantes.
En este caso, la ley permitía que la organización política designe a otro candidato, aunque debía contar con la aprobación del Consejo Nacional Electoral (CNE). El correísmo eligió a Verónica Lucas, quien fue aprobada por el organismo.
La alcaldesa ya ha solicitado resguardo policial
Menéndez tenía 41 años y era conocido en Puerto López debido a su labor como emprendedor en el campo de la informática y las telecomunicaciones, con más de 14 años de experiencia en administración de empresas.
Durante su campaña política, Menéndez definía a su lista como un equipo “de obras”. Su lema era “Puerto López seguro para ti”. En sus propuestas ligadas a la seguridad destacaba un sistema integrado de videovigilancia en todo el cantón, alumbrado y servicio de Seguridad Turística de la Policía Nacional.
El costo de no presentarse al debate
En Portoviejo, la permanencia de Javier Pincay en la Alcaldía ha sido indagada incluso por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras una denuncia presentada por el candidato que quedó segundo en las elecciones pasadas, José Miguel Mendoza. Pincay, quien se convirtió en alcalde gracias al respaldo del 28,23 % de los votantes de su cantón, fue acusado de cometer una infracción electoral por no presentarse al debate obligatorio entre los candidatos, en enero pasado.
El caso ascendió hasta el máximo organismo de la Función Electoral, quien sancionó al regidor con una multa de 9 450 dólares y le quitó sus derechos de participación en la política. Según Roosevelt Cedeño, abogado del alcalde Pincay, la sanción no implica que el funcionario abandone su cargo. “El alcalde continúa en funciones y continuará en funciones”, enfatizó.
No obstante, el pasado 27 de julio el TCE dio un plazo de 48 horas para que el Ministerio de Trabajo y al Consejo Nacional Electoral (CNE) den cumplimiento a la sentencia. El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Patricio Maldonado, informó que, hasta el 24 de julio, 17 alcaldes del país contaban con resguardo policial, mientras que otros 29 habían solicitado acompañamiento policial.
