Las crisis energética e hídrica sin precedentes golpearon a Manabí como nunca antes. A lo anterior se sumó la falta de priorización en la obra pública que desencadenó una serie de falencias, evidenciando una vez más el poco o nulo accionar estatal y de los gobiernos locales. Los registros no son nuevos, pero en 2024 se agudizaron y estallaron ante los reclamos y exigencias de ciudadanos que se dieron cuenta de que es inconcebible que en pleno siglo XXI se sufra por derechos fundamentales, entre estos, el acceso al agua.
En este territorio costero, las autoridades aún no logran garantizar los servicios prioritarios, a pesar de que Manabí es la tercera provincia no petrolera de Ecuador; además, cuenta con infraestructura logística multimodal, industria pesquera especializada, destino turístico y potencia mundial gastronómica. Además hay un creciente desarrollo inmobiliario en cantones del centro sur como Manta y Portoviejo.
Sin embargo, la falta o el deterioro en los servicios como agua potable, sanitarios o energía eléctrica podrían ser la principal limitante para un progreso sostenido. Según cifras oficiales, el acceso a servicios básicos en Manabí alcanza: agua por red pública, 61,1%; electricidad, 96,2%; alcantarillado y recolección de basura, 80,7%. Otra agravante que estropea los servicios públicos es cómo se los brindan a la población.
De hecho, el gobernador de Manabí, Leandro Briones, el 16 de diciembre, reconoció que en la provincia hace falta humanización, porque “la atención al ciudadano muchas veces parece” ser el resultado de “la súplica”. AGUA, CLAMOR HISTÓRICO En el caso del acceso al líquido vital, desde el primer trimestre de 2024, los reclamos han venido siendo más constantes, pues la población debió optar por comprar agua por tanqueros. Al menos una docena de los 22 cantones de la provincia se ven afectados de forma directa por el desabastecimiento del líquido vital; entre esos están: Jipijapa, Montecristi, Manta, Jaramijó, Sucre, San Vicente, Bolívar, Portoviejo, Junín, Rocafuerte y Tosagua.
Sin embargo, los 1,5 millones de habitantes de alguna forma sufren las consecuencias, ya sea en la falta del líquido para preparar los alimentos, lavar la ropa, tomar una ducha o temas agrícolas. Las mayores complicaciones se presentan en los barrios alejados de las zonas céntricas o en partes altas. De hecho, en cantones como Montecristi, Sucre y Jipijapa hay pobladores que reportan que han pasado hasta ocho meses sin agua. Todos los escenarios anteriores, según las autoridades locales, se deben a la falta de mantenimiento de las plantas de potabilización y captación, además de que algunas infraestructuras ya cumplieron su vida útil. Lo anterior conllevó a que cantones como Sucre, Jipijapa, Montecristi y Jaramijó hagan la declaratoria de emergencia hídrica.
