El anuncio de la firma de los nuevos contratos de concesión con las operadoras Conecel (Claro) y Otecel (Movistar) continúa en stand by. El Gobierno se había propuesto hacerlo hasta el 15 de diciembre pasado, el día en que vencía el contrato vigente con Movistar, pero esto no se dio.
La planificación es hacerlo para febrero del 2025, mes en que se realizarán las elecciones presidenciales de Ecuador. Esta demora obligó al Gobierno a emitir una nueva prórroga de dos meses más al contrato actual de Otecel, para garantizar con ello el flujo de la dotación del servicio. La nueva fecha vencerá en febrero del próximo año. El contrato de Conecel, por su parte, continúa vigente debido a que la prórroga no tiene un plazo definido, sino que está condicionada a la finalización de las negociaciones.
La nueva prórroga de Movistar ya es la quinta que se fija dentro de un proceso de negociación que ha tenido varios tramos de interrupción, entre ellos por demoras en la valoración del espectro radioeléctrico o por la falta de un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el impacto presupuestario y los riesgos que implicará esta negociación en las cuentas fiscales.
El pasado 2 de diciembre, el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, evitó revelar las nuevas cifras que difieren de los contratos firmados hace 15 años. Sin embargo, adelantó que la valoración del proceso ya fue aprobada por el directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y que las ofertas de las operadoras ya son definitivas. Según registros históricos, en el 2008, el valor de la concesión fue de más de $700 millones, de los cuales Claro tenía que pagar $480 millones, mientras que Telefónica, $240 millones.
