El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el juicio político contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública durante el Gobierno de Guillermo Lasso. El exfuncionario es acusado de presunto incumplimiento de funciones por parte del legislador de la Revolución Ciudadana, José Vallejo.
Ahora, la documentación relacionada al proceso será remitida a la Comisión de Fiscalización para que inicie formalmente el trámite de sustanciación del juicio político. Vallejo motivó su denuncia en un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) de inicios de este año que determinó que Corral era accionista de las compañías Teleamazonas Guayaquil S. A. y Centro de Radio y Televisión Cratel C. A.
Este último es el nombre jurídico del mismo medio de comunicación, pero en Quito. Ambas empresas mantienen contratos de concesión de frecuencias prorrogadas con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. El artículo 152 de la Constitución prohíbe que “las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras” ejerzan el cargo de ministro mientras mantengan un contrato con el Estado “para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual”.
