Este viernes, El presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realice una auditoría a los datos de homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas entre el 2008 y 2023, tras revelarse un presunto subregistro de más de 7 000 homicidios en un década.
En un comunicado difundido en redes sociales el mandatario señaló “Solicitaremos a la Fiscalía General del Estado (FGE) que inicie la investigación que corresponda ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos”.
Además, indicó que se solicitará a la FGE una investigación en contra del pediatra Pablo Aníbal Izquierdo, ex asesor en temas de salud de la Presidencia de la República entre 2011 y 2013, en la Administración de Rafael Correa. Él fue detenido en Quito en julio pasado por un caso de pornografía infantil.
Se sospecha que en la gestión de Izquierdo hubo “posibles irregularidades en políticas de salud pública y manejo de datos”.
La auditoría y las solicitudes ante la FGE tiene como objetivo buscar justicia. El investigador Arduino Tomasi analizó los datos oficiales del INEC sobre muertas violentas entre el 2008 y el 2018, y concluyó que 7 739 fallecimientos fueron catalogados como muertes violentas de intensión no determinadas, ya que no hay datos para determinar las causas del hecho.
La investigación de Tomasi concluye que, luego de la salida de la Base de Manta, los registros reflejan un comportamiento irregular. Asimismo, segura que la trata de menores creció en un 69 %.
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per capita, con una tasa de 47,2 por cada 100 000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales.
