LA SEGURIDAD NO PUEDE SER UN PRIVILEGIO
La protección y el bienestar de la ciudadanía deben ser una prioridad, y cada medida adoptada debe reflejar esta premisa fundamental del Estado. La seguridad no puede ser un privilegio reservado solo para unos pocos, debe ser una garantía para todos los ciudadanos, independientemente de su posición social, económica o de las funciones que desempeñen dentro de la sociedad. Es inaceptable que exista una desproporción tan marcada en la custodia y protección que se brinda a los altos funcionarios del Estado en comparación con las necesidades reales de la población. Desde el presidente de la República hasta los ministros y otras autoridades nacionales y locales, reciben una vigilancia exhaustiva, mientras que la mayoría de los ciudadanos enfrentan situaciones de vulnerabilidad ante secuestradores, extorsionadores y criminales. La diferencia entre la seguridad otorgada a los funcionarios y la que reciben las personas afectadas por la delincuencia crea una enorme brecha de desconfianza. El Gobierno debe equilibrar sus políticas de protección para que tanto las figuras públicas como los ciudadanos comunes se sientan seguros y respaldados. La justicia y la seguridad deben ser igualmente accesibles para todos, como base para una sociedad más equitativa y justa.
