Economista y político ecuatoriano El ex ministro de Finanzas y vocero del Foro de Economía
Es imprescindible lograr un crecimiento económico sostenido superior al 5% anual para sacar a los pobres de su pobreza y ofrecer oportunidades efectivas de progreso a los ecuatorianos. Durante los últimos seis años de gobierno de los presidentes Moreno y Lasso la política económica ha sido de suicida austeridad fiscal con un crecimiento promedio de 0,5% anual, 3 veces más bajo que la tasa de crecimiento poblacional de 1,5% y 10 veces inferior respecto del crecimiento económico requerido.
Si se destruye la inversión y seguridad ciudadana la economía no puede crecer en forma suficiente y sostenida. No es posible recuperar el empleo perdido ni crear nuevo empleo. Tampoco disminuir pobreza y pagar deuda pública sin que se produzca destrucción social.
Los graves resultados del «austericidio» fiscal son claramente observables en la penosa situación de los sistemas de salud, educación y servicios públicos. En el deplorable estado de la infraestructura vial, ausencia de obra pública, permanente situación de desempleo más subempleo alrededor del 65% de la Población Económicamente Activa (PEA), en la gravísima inseguridad ciudadana que guarda nexos fuertes con una economía en crisis, en la creciente migración y el masivo estado de angustias, necesidades y pobreza.
Por más de seis años (2017 a 2022) consecutivos, bajo el fetiche económico de «la casa en orden» que sigue en desorden, los dos gobiernos simplemente ignoraron que la demanda agregada es el motor más importante para impulsar la economía y el empleo. Ha sido por insuficiencia de demanda agregada efectiva, es decir, demanda con poder de compra, que ni el PIB ni el empleo han crecido lo necesario.
En diciembre de 2019, último mes previo al colapso económico y sanitario del año 2020, el empleo adecuado fue 38,8% de la PEA. Luego de tres años y medio, en mayo de 2023, apenas llega al 36,4% de la PEA, debido al rebote autónomo de la economía, aunque todavía por debajo del nivel alcanzado previo al colapso. Los dos primeros años del gobierno de Lasso únicamente coinciden con los dos años de rebote autónomo de la economía luego del colapso del 2020, pero nada más.
La comparación técnica y correcta de los indicadores económicos debe ser respecto de los niveles que ya alcanzó Ecuador, nunca respecto de lo que se ha perdido. El desempleo más subempleo en diciembre de 2019 fue 61,2% de la PEA. En mayo de 2023 fue 63,6% de la PEA, todavía superior al nivel registrado previo al colapso económico. Todo esto a pesar de que en el año 2019 que sirve de referencia el crecimiento económico fue 0,0%.
La letal austeridad fiscal que ha destruido la inversión pública bajo el fetiche de la «casa en orden», no resolvió ni podía resolver los desequilibrios macroeconómicos ni la crisis, pero sí asfixió la actividad económica, el crecimiento y el empleo.
Hay que buscar equilibrio fiscal, pero con una economía en crecimiento sostenido y no en crisis. Destruir crecimiento económico para buscar equilibrio fiscal no solo profundiza la pobreza, tampoco es duradero. Como lo dijera el laureado Paul Samuelson, uno de los brillantes economistas de la historia del pensamiento económico, «el equilibrio fiscal permanente más que otra cosa es una superstición. La macroeconomía puede estar en desequilibrio hasta salir de la crisis».
Los gobiernos de Moreno y de Lasso han elevado rápidamente el saldo de la deuda pública con su pesada y creciente carga fiscal. En mayo de 2016 el saldo de la deuda pública fue 48015,6 millones de dólares, 46,0 % del PIB. Hasta abril de 2023 se han acumulado 80126,8 millones de dólares, 66,3 % del PIB. Entre mayo de 2017 y abril de 2023 la deuda pública creció 20,3 puntos porcentuales del PIB y por eso su pago anual equivale a un 30% del Presupuesto General del Estado.
La mejor forma de volver sostenible la deuda pública es generando crecimiento económico. Pero además Ecuador requiere reestructurar los plazos y el valor de los pagos de capital e intereses. Hay que buscar hacerlo en función del crecimiento porcentual neto de la balanza comercial y del crecimiento anual del PIB. El gobierno debe hacer todos los esfuerzos posibles para conseguirlo.
No es verdad que el gobierno del presidente Lasso haya reducido el déficit fiscal desde el 7,0% del PIB. Primero porque las cifras del BCE muestran que el primer semestre de 2021 el Resultado Primario (ingresos menos egresos) tuvo un superávit de 0,4% del PIB y el Resultado Global (ingresos menos egresos y menos pago de intereses de la deuda pública) tuvo un superávit de 0,7% del PIB.
Luego porque la reducción del déficit fiscal del año 2022 no responde al incremento de la inversión ni de la economía real, tampoco a mayores ingresos tributarios permanentes. Por el contrario, ocurre porque es producto de la destrucción de inversión pública, de nuevos y mayores impuestos, de cuantiosos e inesperados excedentes petroleros y del traslado a «la bola» de cuantiosos pagos del año corriente al año siguiente.
El Gobierno debe intervenir la economía de forma contracíclica, estimulando la demanda cuando hay recesión y restringiéndola cuando hay expansión inflacionaria. Es la forma correcta de afectar los ciclos económicos para evitar que sus descensos se transformen en crisis económicas. Pero el Gobierno ha hecho justamente lo contrario. El Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado (PGE) hasta mayo de 2023 ha codificado 2894 millones de dólares para inversión, pero en 5 meses, de enero a mayo, el Gobierno solo ha ejecutado 12% de este total, 344 millones de dólares.
En mayo de 2023 el ingreso laboral real de las mujeres fue 284,1 dólares mensuales; el de los hombres 318,0 dólares mensuales; y, el promedio de hombres y mujeres, 305,6 dólares mensuales. Pero, además, su ingreso real percápita que es principal indicador del bienestar de las personas, muestra que el año 2022 fue 329,5 dólares mensuales y el año 2012 fue 345,6 dólares mensuales. Su poder adquisitivo real es el más bajo de la región y también significa que retrocedió al nivel de hace 10 años. Esa es la economía resultante por conducirla en contravía al Bien Común.
La producción petrolera de Ecuador ha ido declinando en forma persistente. De enero a abril produjo 60,4 millones de barriles el año 2021; luego 57,8 millones el 2022; y, solo 55,7 millones el 2023. El PGE de enero a abril de 2022 recibió 1360 millones de dólares por ingresos petroleros y en igual periodo de 2023 apenas 601 millones. Es una reducción de 759 millones en los primeros 4 meses, -55,8% menos.
Por insuficiente crecimiento económico, por reducción de la producción petrolera y por otros factores adicionales el PGE ya no solo necesitará conseguir financiamiento (deuda) por 7577 millones de dólares, tal como fue aprobado desde que entró en vigor por mandato de la ley, necesitará no menos de 9000 millones de dólares.
Los dos últimos años, 2021 y 2022, los migrantes ecuatorianos enviaron al país 9105,9 millones de dólares. El año 2021 enviaron remesas por 4362,3 millones y el año 2022 por 4743,6 millones, 8,2% del PIB. Han sido los migrantes ecuatorianos quienes sostuvieron el consumo interno de los pobres y evitaron su colapso.
Ecuador requiere reconstruir la inversión pública y privada, ofrecer buena infraestructura, seguridad ciudadana y servicios públicos de calidad. En la coyuntura es necesario ampliar la demanda efectiva de los pobres y personas de ingresos bajos y medios. En la perspectiva los procesos productivos de ahorro e inversión para producir, crecer y ofrecer a su gente posibilidades de progreso compartido.
