En lo penal, 10 militares de tropa están llamados a juicio y pueden enfrentar hasta 10 años de prisión por el delito de sabotaje. Las causas por los que son procesados y el grado de participación en el delito tienen reserva por seguridad nacional, dice el proceso, que tiene 12 informes técnicos; todos secretos.
La Fuerza Aérea tampoco logra cobrar, en dos años y medio, la póliza que mantiene con Interoceánica de Seguros C.A. La polémica está en el monto de recuperación de ese equipo electrónico, calculado por los militares en USD 7’200 000. El valor incluye los USD 5 millones de la póliza y USD 2’200 000 adicionales por pago de arrendamiento de un radar sustituto.
Ese monto fue avalado en primera instancia por la Superintendencia de Compañías, que ordenó a la aseguradora ese pago. Interoceánica se negó y apeló esa orden, logrando que la Superintendencia de Compañías cambie de criterio y rebaje el monto; ordenó pagar USD 5 millones. La resolución se tomó pese a que, en lo penal, ese caso aún no está sancionado por ese delito, pero se basa en el criterio de un general de la FAE que lo denunció como sabotaje.
