Estamos convocados el domingo 16 a decir sí queremos concluir con el ciclo del constitucionalismo erigido por la embriaguez del socialismo del siglo XXI. Y mejor hacerlo utilizando el instrumento más genuino de la democracia: la expresión plebiscitaria. Sin intérpretes ni mediaciones que limiten la decisión de la gente. Ahí, donde reside y proviene el fallo inapelable de la soberanía popular. Sí, porque la Constitución de Montecristi no respondió a la promesa seductora que deslumbró. No sirvió para mejorar la democracia sino para pervertirla y corromperla. Lejos de constituirse sobre un pacto consensuado, se instituyó con el credo del resentimiento, el desprecio a la libertad, la exaltación del Estado todopoderoso, el blindaje consentido para el crimen y los cárteles. El malvado sello del ideologismo populista extremo. La pretensión irracional de la hegemonía excluyente. De esa quimera solo queda repudio y desaliento. Sí, puesto que Carta Política chavista ha envejecido y ha expirado en su legitimidad. Siendo su obsolescencia insubsanable e incorregible. Sí, porque hemos llegado al punto de la inexorable ruptura, por la legítima vía de la institucionalidad. Sí, porque hay una nueva generación que demanda una constitución moderna, ágil y clara, que prescinda del romanticismo populista, entendible e inequívoca. Flexible y acordada. Sí, para organizar y distribuir el poder en las instituciones y funciones que caracterizan la democracia presidencial. Retomar las tres funciones en las que se distribuye el poder, con los pesos y contrapesos, la primacía de los preceptos constitucionales, los controles y límites del poder. Sí, porque como lo recuerda Giovanni Sartori, «La democracia es derecho de la mayoría con el respeto a los derechos de la minoría». Evitando la tiranía de los más y el desafuero de los menos. Sí, porque todos y, en especial la nueva generación, merece una gobernanza transparente, que garantice los derechos, establezca los deberes, cultive el respeto a las reglas de la institucionalidad y no deje nada sujeto a la arbitrariedad y menos a la desquiciada e irrefrenable crueldad de la criminalidad que aplasta a la mayoría indefensa. Sin la necesaria fuerza coercitiva del Estado, la democracia se desgasta en el caos y el crimen. Merecemos vivir sin miedo. Sí, a una constitución que reúna lo mejor de nuestra tradición compatible con los derechos humanos, los valores y principios conquistados por la democracia liberal y pluralista, que reconozca nuestra condición de diversos y comunes, la búsqueda de la justicia, la defensa de las libertades, el acatamiento al principio de legalidad, sin perder de vista como eje, centro y fin, la dignidad intangible de la persona humana y su protección desde los poderes públicos. Sí, una Carta Política que garantice un sentido de pertenencia a una convivencia de respeto y tolerancia, erradicando toda lo que sea absurdo y insensato. Que nos acerque al mundo multipolar y competitivo. Un Estado que no oprima y estrangule el sentido y valor de la libertad, por dogmas enmohecidos. Que no pierda de vista el bien común. Que garantice la inversión y avale la seguridad jurídica. El Estado en lo necesario. El mercado en lo posible. Que entienda que sin inversión no habrá empleo. Y sin libertad, emprendimiento. Si, para que la constitución sea el punto de convergencia de la más amplia voluntad política para mejorar las instituciones de la República. Sin olvidar el bello principio que se elevó en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: «Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución».

El 16 de noviembre de 2025, Ecuador demostró que la democracia es conciencia colectiva y participación activa. En el referéndum y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa, la ciudadanía envió un mensaje claro: está dispuesta a involucrarse en las decisiones nacionales, pero también a fijar límites cuando percibe riesgos y el temor supera al deseo de cambio. La jornada electoral se caracterizó por una participación superior al 80%, evidenciando el interés masivo de la población en decisiones que podrían modificar la estructura política del país. La tendencia nacional fue clara, aunque el mapa electoral presentó matices relevantes. Tungurahua (Provincia que vivió en carne propia la destrucción del supuesto paro nacional de septiembre-octubre de 2025), se destacó como la única provincia donde el “Sí” triunfó en las cuatro preguntas, convirtiéndose en un caso excepcional. En otras provincias, el “No” prevaleció de manera contundente, aunque se registraron apoyos parciales: Chimborazo, Galápagos y Zamora Chinchipe respaldaron la reducción del número de asambleístas; Loja y Pastaza también se inclinaron por esa medida, y Loja además apoyó la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos. A nivel cantonal, únicamente en 20 de los 222 cantones del país el “Sí” logró imponerse en todas las preguntas. Más allá de los resultados. El gobierno, que buscaba concretar transformaciones de gran alcance a través de este proceso, enfrenta ahora el reto de replantear su estrategia. Noboa ha reconocido los resultados y deberá gobernar dentro de los marcos vigentes, privilegiando la búsqueda de consensos, logrando las enmiendas y reformas en procesos legislativos. El camino por seguir exige articular propuestas que fortalezcan la democracia y la institucionalidad, atendiendo las urgencias sociales sin abrir nuevas grietas políticas. El “No” expresado en las urnas no representa únicamente un rechazo, sino que constituye una afirmación de prudencia colectiva. Es la voz de un país que demanda soluciones concretas frente a la inseguridad, el desempleo y la crisis social antes de emprender cambios estructurales que puedan generar incertidumbre en la ciudanía. El desafío para la clase política es convertir este mensaje en acciones constructivas: recuperar la confianza ciudadana, demostrar que la política puede ser una herramienta de progreso. El referéndum del 16.11 quedará inscrito como un recordatorio de que la democracia ecuatoriana, pese a sus tensiones, sigue viva y vigilante. La ciudadanía ha hablado con claridad, reafirmando que el poder, en última instancia, reside en su voluntad.