La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue aprobada por 107 asambleísta, no prohíbe los pagos en efectivo mayores a $500. En el artículo 25 de esa normativa, que ya se publicó en el Registro Oficial y está en vigor, se dice textualmente lo siguiente: “Sobre operaciones de más de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 500,00).
Gravadas con los impuestos a los que se refiere esta Ley se establece la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito, cheques o cualquier otro medio de pago electrónico» «Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 500,00) sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta y el crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado sea aplicable.
Se requiere la utilización de cualquiera de los medios de pago antes referidos, con cuya constancia y el comprobante de venta correspondiente a la adquisición se justificará la deducción o el crédito tributario.”. En otras palabras, se establece que si la compra es en efectivo por un monto mayor a $500, y no se utiliza ningún tipo de mecanismo rastreable como transferencia bancaria o tarjeta de crédito o débito, el gasto no podrá ser deducible del pago del impuesto a la renta o aplicar a la devolución del IVA.
Así, lo que se busca es desincentivar el uso de efectivo desde ciertos montos con el objetivo de apuntalar los controles contra el lavado de activo e impulsar la bancarización. Antes de esta última reforma, la Ley de Régimen Tributario Interno establecía que monto permitido para los pagos en efectivo, que pueden aplicar a beneficios tributarios, era hasta $1.000.
El mismo presidente Daniel Noboa ha dicho en múltiples ocasiones que se debe mejorar los controles sobre el lavado de activos para golpear de manera efectiva a las estructuras criminales que han puesto en zozobra al Ecuador. En este contexto, bajar el monto de los pagos en efectivo que puede aplicar a beneficios tributarios en un paso en esa dirección, el cual podría complementarse con la obligación de que los negocios reporten a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) las compras en efectivo mayores a $500.
