La Comisión de Régimen Económico recibió a varios actores en el marco del debate del proyecto de reforma a la Ley de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. A la sesión del 20 de diciembre acudieron representantes del Servicio de Rentas Internas (SRI), Fiscalía, Superintendencia de Bancos, el Servicio Nacional de Aduana (SENAE) y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Los funcionarios hablaron sobre la competencia para registrar la información de casos de lavado de activos, así como sobre la posible sanción penal para los familiares asociados a una persona expuesta políticamente. En Ecuador, la cifra anual de lavado de dinero es de USD 3 500 millones, según Fiscalía. Emilio Veintimilla, director Nacional Jurídico del SRI, dijo que es importante que esta entidad tenga la competencia para registrar y administrar la información de los beneficiarios finales.
Habló también sobre no limitar los mecanismos para identificar al beneficiario final según los estándares internacionales; y, mantener la regulación expedida sobre los reportes de información. Christian Cañar, experto criminalístico y delegado de la Fiscalía, presentó observaciones sobre la definición del activo virtual, operaciones sospechosas y especificar los 20 delitos, según recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Édgar Vega, represdentante del Servicio Nacional de Aduana (Senae) hizo observaciones sobre la declaración electrónica que algunos viajeros de la tercera edad no pueden hacer sobre el ingreso y salida de activos.
