{"id":66472,"date":"2026-05-28T10:49:47","date_gmt":"2026-05-28T15:49:47","guid":{"rendered":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/?p=66472"},"modified":"2026-05-28T10:49:47","modified_gmt":"2026-05-28T15:49:47","slug":"mas-de-140-ataques-han-sufrido-los-funcionarios-judiciales-en-los-ultimos-dos-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmercuriomanta.ec\/index.php\/2026\/05\/28\/mas-de-140-ataques-han-sufrido-los-funcionarios-judiciales-en-los-ultimos-dos-anos\/","title":{"rendered":"M\u00e1s de 140 ataques han sufrido los funcionarios judiciales\u00a0en los \u00faltimos dos a\u00f1os"},"content":{"rendered":"\n
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El Consejo de la Judicatura report\u00f3 un aumento de intimidaciones, atentados y agresiones contra jueces, fiscales y personal judicial.\u00a0\u00a0
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Los funcionarios judiciales de Ecuador han enfrentado\u00a0al menos 140 amenazas, atentados y ataques entre enero de 2024 y mayo de 2026, seg\u00fan un informe presentado por el Consejo de la Judicatura y recogido por\u00a0Ecuavisa, que alert\u00f3 sobre el incremento de hechos violentos contra jueces, fiscales y servidores de la Funci\u00f3n Judicial en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el pa\u00eds.\u00a0\u00a0
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El reporte fue difundido el 27 de mayo de 2026 y detalla que, durante los \u00faltimos dos a\u00f1os, se registraron 142 amenazas directas contra operadores judiciales, 11 atentados y tres ataques contra infraestructura de la Funci\u00f3n Judicial. Las cifras fueron expuestas por las autoridades judiciales durante una sesi\u00f3n p\u00fablica en Quito. De acuerdo con el informe, las amenazas incluyen llamadas intimidatorias, mensajes extorsivos, panfletos, seguimientos, amenazas digitales y falsas alertas de bomba dirigidas a jueces, fiscales, secretarios y personal administrativo.\u00a0\u00a0
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En los casos catalogados como atentados constan ataques armados, persecuciones y tentativas de asesinato.\u00a0La presidenta del Consejo de la Judicatura,\u00a0Mercedes Caicedo, se\u00f1al\u00f3 que varios de estos hechos estar\u00edan relacionados con procesos judiciales vinculados a crimen organizado, narcotr\u00e1fico, corrupci\u00f3n y estructuras delictivas transnacionales. La funcionaria asegur\u00f3 que la instituci\u00f3n mantiene coordinaci\u00f3n con otras entidades del Estado para reforzar las medidas de seguridad en dependencias judiciales y proteger a los servidores que conocen causas de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n

Como parte de esas acciones, el Consejo de la Judicatura anunci\u00f3 acuerdos con el Ministerio del Interior para incrementar la presencia policial en complejos judiciales y unidades de flagrancia. Tambi\u00e9n inform\u00f3 sobre coordinaciones con el Servicio Nacional de Atenci\u00f3n Integral a Personas Privadas de Libertad para habilitar espacios seguros destinados a audiencias telem\u00e1ticas dentro de los centros penitenciarios. La preocupaci\u00f3n por la seguridad de los operadores de justicia en Ecuador se ha mantenido durante los \u00faltimos a\u00f1os debido al avance de organizaciones criminales y al incremento de la violencia asociada al narcotr\u00e1fico.\u00a0\u00a0
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En agosto de 2023, la relatora especial de\u00a0Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirti\u00f3 que los ataques contra jueces y fiscales representaban una amenaza para el Estado de derecho en el pa\u00eds.\u00a0En ese pronunciamiento, la experta de Naciones Unidas se\u00f1al\u00f3 que funcionarios judiciales que investigaban casos de corrupci\u00f3n y crimen organizado enfrentaban amenazas constantes, atentados y asesinatos. Tambi\u00e9n mencion\u00f3 que varias instalaciones judiciales hab\u00edan recibido amenazas de bomba y que exist\u00edan reportes de intimidaciones sistem\u00e1ticas en distintas provincias.<\/p>\n\n\n\n

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Entre los casos registrados durante los \u00faltimos a\u00f1os consta el asesinato de fiscales vinculados a investigaciones de delincuencia organizada y ataques armados contra unidades judiciales. Medios ecuatorianos tambi\u00e9n reportaron amenazas contra autoridades del Consejo de la Judicatura y denuncias de jueces que afirmaron haber recibido intimidaciones tras emitir decisiones relacionadas con estructuras criminales. El informe presentado por el Consejo de la Judicatura no detalla el n\u00famero exacto de funcionarios que actualmente cuentan con protecci\u00f3n policial, pero s\u00ed reconoce que el sistema de seguridad para operadores judiciales enfrenta limitaciones.\u00a0\u00a0
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Asociaciones de jueces y fiscales han advertido anteriormente que los protocolos de protecci\u00f3n pueden tardar varios d\u00edas en activarse, incluso en casos considerados de alto riesgo.\u00a0La violencia contra funcionarios judiciales ocurre en un contexto marcado por el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024 para enfrentar a grupos criminales catalogados como organizaciones terroristas por el Gobierno ecuatoriano. Desde entonces, el pa\u00eds ha registrado operativos militares, estados de excepci\u00f3n y un incremento de controles de seguridad en varias provincias.\u00a0\u00a0
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Seg\u00fan informaci\u00f3n oficial, las provincias con mayores niveles de riesgo para operadores judiciales coinciden con zonas donde existe presencia de organizaciones criminales vinculadas al narcotr\u00e1fico, extorsiones, miner\u00eda ilegal y tr\u00e1fico de armas. Entre ellas constan Guayas, Manab\u00ed, Los R\u00edos, Esmeraldas y El Oro. El Consejo de la Judicatura indic\u00f3 que los ataques y amenazas han tenido impacto en el funcionamiento de algunas dependencias judiciales, especialmente cuando se han producido falsas alertas de explosivos o incidentes armados cerca de complejos judiciales.\u00a0\u00a0
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En algunos casos se suspendieron temporalmente audiencias y actividades administrativas.\u00a0La Funci\u00f3n Judicial se\u00f1al\u00f3 que continuar\u00e1 evaluando nuevas medidas de seguridad y mecanismos de protecci\u00f3n para jueces, fiscales y servidores judiciales que participan en procesos relacionados con delincuencia organizada. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 coordinaci\u00f3n interinstitucional para fortalecer las condiciones de trabajo de los operadores de justicia en el pa\u00eds.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Organismos internacionales y asociaciones de magistrados han insistido en la necesidad de garantizar la independencia judicial y la protecci\u00f3n de los funcionarios encargados de investigar y juzgar casos de alto perfil relacionados con estructuras criminales y corrupci\u00f3n. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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