Es ingenuo esperar que un nuevo boom de gasto público resucite a la capital. La situación nacional e internacional tornan improbables una repetición de escenarios como los de los setenta o de inicios de este siglo. Sin embargo, la capital cuenta con un mercado considerable, con gente trabajadora y capacitada, y con suficientes recursos y atractivos, como para retomar la senda del progreso.

La política vigente de subsidios le resta autoridad moral al Estado ecuatoriano en sus esfuerzos por conquistar apoyo para necesarias reformas. A nivel externo, resulta difícil convencer a organismos multilaterales de que la situación es desesperada y de que se requieren recursos cuando, al mismo tiempo, la cuarta parte del presupuesto del Estado — más del 6% del PIB— se destina a subsidios.

La flamante Asamblea Nacional ha creado una Comisión Ocasional para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio que no debe distraer a la ciudadanía de la verdadera responsable de dar con la verdad: la Justicia. Es improbable que apenas siete legisladores —que no son especialistas en el campo de la investigación policial y que no se dedicarán exclusivamente a ese cometido— logren dar con respuestas contundentes en 90 días, prorrogables hasta seis meses.

Si el Estado tiene problemas para pagar sus cuentas, debe aprender a no gastar más de lo que recauda, especialmente en una economía dolarizada en la que, afortunadamente, no se puede emitir moneda para salir al paso a punta de inflación. No está bien manipular a la ciudadanía para inducirla a un pánico en el que acepte cualquier engaño que promete salvarla.

¿dónde queda aquello de “siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas”, que dijo el ahora mandatario en su discurso de posesión? Se suponía que “aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el favor popular”, o que “no podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto”; sin embargo, las fuerzas del Legislativo acaban de en- tregarse a la trillada venganza de hostigar a un expresidente.

Tras los recientes cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa, la ciudadanía sigue a la espera de un verdadero plan de seguridad a la altura de las nuevas circunstancias. La ola de crimen organizado que vive el país ha obligado a las Fuerzas Armadas a adoptar un rol protagónico en la seguridad interna y el mantenimiento del orden, una función históricamente secundaria ante la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

¿dónde queda aquello de “siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas”, que dijo el ahora mandatario en su discurso de posesión? Se suponía que “aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el favor popular”, o que “no podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto”; sin embargo, las fuerzas del Legislativo acaban de entregarse a la trillada venganza de hostigar a un expresidente.

Cuando el sector público está en problemas, sumido en su enésima crisis por déficit fiscal, se habla con demasiada ligereza de “la peor crisis de la historia” y se exigen medidas drásticas para tapar huecos. Sin embargo, cuando se trata del desempleo rampante o de la falta de crecimiento económico que afectan a los ciudadanos comunes, no se aprecia una urgencia similar de parte de quienes gobiernan.

Daniel Noboa eliminó la tabla de consumo de drogas, pero regresar a una cultura de intransigente persecución del consumo —aunque improbable en el corto plazo, por las reformas que esto requiere en el COIP y la Constitución— daría pie a una gran pantomima, una política nacional de autoengaño.

Las iniciativas para armar con mejores arsenales a las fuerzas del Estado gozan de inmensa cobertura y apoyo ciudadano, pero no existe un interés comparable cuando de desarmar a los delincuentes se trata. Las operaciones de desarticulación de grupos que trafican o fabrican ilegalmente armas no han despertado tanta conciencia entre la ciudadanía como las incautaciones de toneladas de cocaína