Ecuador es un país eminentemente caro y, como tal, debe velar porque los acuerdos comerciales que plantean beneficios para el país, se sientan, más si la desgravación de aranceles apunta a alivianar el costo final de un producto. El tratado firmado con la Unión Europea, con siete años de vigencia, ha dejado grandes satisfacciones al sector comercial, permitiendo que el intercambio de la oferta se diversifique mucho y que el consumidor pueda acceder también a productos más económicos.

Ni siquiera se planteó una pregunta que flexibilizara el régimen laboral. Como cereza del pastel, está el tema del retorno de los casinos, lo cual resulta desconcertante si se toma en cuenta que uno de los problemas que actualmente tiene el Ecuador es la facilidad con las que las mafias lavan el dinero mal habido. En resumen, si la Corte Constitucional acepta
estas preguntas habrá una consulta inicua que parece diseñada para no afectar las posibilidades de reelección de Noboa en 2025.

La democracia ecuatoriana se vería reducida a ruinas si es que algo le llegara a suceder a la fiscal general Diana Salazar. El país no puede tolerar, bajo ninguna circunstancia, que uno de los pocos altos funcionarios que ha tenido el coraje de perseguir al crimen organizado enfrente un desenlace trágico. Las serias amenazas que han salido a la luz, tras la revelación de la oscura trama del caso Metástasis, deben ser tomadas con la máxima seriedad por los responsables de la seguridad de esta autoridad.

Las preguntas planteadas decepcionan a quienes esperaban propuestas y reformas más ambiciosas; ese el caso, especialmente, de los tibios planteamientos con respecto a la evaluación de la Función Judicial o a la extinción de dominio. Muchos de los temas, como los referentes a las Fuerzas Armadas, podrían haber sido abordados, sin grandes contratiempos, en la propia Asamblea Nacional, aprovechando el clima de inusual entendimiento que prima este momento. Peor aún, desperdicia la oportunidad de insistir con la extradición de criminales y narcotraficantes.

Cabe preguntar al Estado con qué moral exige el pago puntual de impuestos si es que éste es el primero en incumplir sus obligaciones. Es perverso, pero para el Estado es políticamente conveniente generar una estructura de dependencia económica a su alrededor. Igualmente, para los proveedores privados resulta beneficioso arrimarse a los recursos gubernamentales. Sin embargo, por solidez y seguridad, el país necesita migrar cada vez más a una economía privada, que no dependa tanto del caprichoso gasto público. La tarea está pendiente.

La mayor amenaza y peligro que enfrentan ahora el Ecuador, su democracia y su gente es el crimen organizado. Ningún otro fenómeno —político o económico— exhibe un afán comparable por corromper y subyugar todo el tejido social. Cada aspecto de la vida, privada o pública, está en la mira del hampa y el periodismo independiente no es la excepción.
En 2023 las agresiones contra la libertad de expresión, prensa y derecho de acceso a la información en Ecuador aumentaron 215% con respecto al año anterior —262 eventos, ocho veces más que en 2020—. Se trata de un incremento tan vertiginoso como alarmante, que acaece frente a un Estado que permanece impávido.

El periodismo es una labor de riesgo porque decir la verdad -dependiendo de las fibras que se tocanes riesgoso. Quienes ejercen esta profesión son conscientes de eso y pese a aquello continúan honrándo- la al desenredar más el ovillo de la corrupción. Las develaciones del caso Metástasis siguen sacudiendo, pero no sorprendiendo. Era obvio que los periodistas iban a estar en la mira de los narcotraficantes y sus compadres porque no les conviene que sus nombres y sus andanzas aparezcan en los medios de comunicación.

No le sirve de nada a la ciudadanía que el presidente de la República haya dado la orden de que los militares salgan a las calles, si estos tampoco son vistos en ellas, ni siquiera como medida disuasiva para frenar los robos y asaltos que ocurren hasta en los centros comerciales. Ha habido tantos anuncios del plan Fénix durante el primer mes del nuevo gobierno que ya es hora de que el Ejecutivo pase a la implementación inmediata de las acciones acordadas, porque el pueblo se siente desprotegido

Las redes sociales han democratizado la opinión, alguna con y otra sin mayor criterio. También han ampliado a la máxima potencia la difusión de información que se riega como caudal sin presa. Es común ahora observar cómo las noticias llegan con suma rapidez. Los videos de robos o hechos violentos se viralizan. También las quejas ciudadanas toman mayor relevancia. Y ni se diga de las conversaciones que pasan a dominio público y se transforman en la comidilla de estas comunidades virtuales.

Poco se está hablando de educación. Otros temas, como seguridad y empleo, han monopolizado la atención de la ciudadanía y los pronunciamientos del gobierno. En un contexto de sobresaltos, en el que la agenda está siempre dominada por la urgencia del momento, la educación sale perdiendo. A diferencia de lo que sucede con salud o seguridad —donde las crisis tienen efectos visibles y estremecedores— o en economía —donde las consecuencias, en las malas épocas, se sienten de inmediato—, en educación los resultados, sean positivos o negativos, tardan mucho en verse.