Detrás de cada gran batalla cívica, de cada lucha por un derecho del que después se beneficiará toda la ciudadanía, suelen estar personas de carne y hueso, con nombre y apellido. En Ecuador, el derecho a un final digno pasará a la historia como una conquista de Paola Roldán. Desde el más oscuro rincón del dolor y de la enfermedad, la valiente quiteña fue capaz de hacer suya la causa de tantos ecuatorianos condenados a un sufrimiento cruel y estéril.

Su llegada al poder abrió la puerta a una nueva generación de políticos y funcionarios. Sus períodos de gobierno fueron escenario de contrastes. Gestionó una de las mayores épocas de crecimiento y prosperidad en Chile —la culminación de un largo proceso interpartidista de construcción de la economía—. Tuvo que enfrentar un grave terremoto, la pandemia del covid-19 y, además, el estallido social de 2019.

Persisten las sospechas de que las objeciones de Rusia a algunas exportaciones ecuatorianas —basadas en pretextos fitosanitarios— constituyen en realidad una retaliación diplomática. Así, Ecuador estaría sufriendo las consecuencias de la decisión del presidente Daniel Noboa de entregar a Estados Unidos los arsenales de origen ruso —catalogados como ‘chatarra’— a cambio de cooperación norteamericana. De ser ese el caso, no hay mucho que Ecuador pueda hacer.

Poco ha importado la precaria situación económica que sigue atravesando el país centroamericano, el metódico y paciente desmantelamiento de las instituciones y la división de poderes o las burdas arbitrariedades en materia de justicia; un impecable trabajo propagandístico, el manejo de las redes sociales y una articulada campaña para preservar el orden bastaron para traducir el fervor ciudadano en votos.

La única certeza que tenemos los ecuatorianos respecto a los alimentos, medicamentos, productos de cuidado personal que consumimos y plaguicidas que utilizamos es que no se puede garantizar su doneidad. Esto se debe a que la Agencia de Regulación y Control Sanitario -Arcsano tiene normativas estrictas ni cuenta con equipos ni laboratorios que le permitan realizar un control eficaz o corroborar que lo que consta en los documentos que recibe para emitir su certificación sea verdad.

En la Asamblea ya no llama la atención que las jornadas se dediquen a promulgar resoluciones irrelevantes -como aquella de fijar un día para enaltecer un producto de repostería-, postergando el tratamiento de problemas en verdad urgentes. Lo hacen por estrategia, para alargar tiempos cuando así conviene por intereses o acuerdos políticos, y también porque un gran porcentaje de asambleístas no dominan y en algunos casos hasta desconocen, por falta de preparación profesional.

En medio de la severa crisis fiscal en la que está sumido el Estado, preocupa que gran parte de la discusión a nivel gubernamental y legislativo no sea alrededor de cómo solucionar el problema, sino sobre cómo postergarlo. Estremece pensar que podamos salir de todo esto apenas con más de lo mismo, con uno o dos años de gracia y la misma incertidumbre de siempre. La sensatez económica del país sigue estrangulada entre dos fuerzas que impiden cualquier intento de reforma profunda.

El presidente Daniel Noboa anunció la repatriación de presos a sus países de origen. La medida es radical y al intentar aliviar ‘rápidamente’ algo del hacinamiento
carcelario, podrá ser incluso popular. Aunque el costo de mantener a los sentenciados extranjeros resulta minúsculo con respecto al gasto público en su conjunto, la medida se anuncia al tiempo que el Gobierno pide a la ciudadanía no solo que se ajuste el cinturón, sino que además pague más impuestos.

Ni ciudadanos ni políticos parecen dimensionar la gravedad de la situación económica que atraviesa el país. Hace varias décadas impera la absurda creencia de que para salir a flote basta con cerrar los ojos y patear los problemas hacia el futuro. El país ya agotó esa alternativa; tras tanto tiempo de dejar todo para después, hoy resultará muy difícil huir de las decisiones duras. Tarde o temprano, por las buenas o por las malas, los ecuatorianos tendremos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones y pagar
el precio de nuestros actos.

En su comparecencia frente a la comisión de asambleístas que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio, el director del Sistema Ecu-911 denunció el mal uso de los servicios de localización de personas a partir de su número telefónico. En una estremecedora revelación, informó que 529 usuarios irregulares —no identificados— habían tenido acceso a la aplicación para ubicar y rastrear a ciertos individuos, aunque no informó cuántas veces, ni en contra de quiénes se habían empleado este servicio.