Tras el llamamiento a juicio de los acusado por el magnicidio de Fernando Villavicencio, cada vez están más claros los detalles sobre la autoría material y la preparación del operativo que estremeció al país. Pese a los macabros esfuerzos por sepultar la verdad —entre ellos el asesinato de siete de los presuntos asesinos—, hay esperanzas de dar con los autores intelectuales del asesinato. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, al menos uno de los acusados habría sido el encargado de organizar y dirigir, bajo contrato y desde su celda en la cárcel de Cotopaxi

A veces, apelar únicamente a ‘principios’ no basta, en tanto cada quien es capaz, con suficiente argucia retórica, de acomodar los conceptos etéreos a su conveniencia. Aunque los códigos demasiado detallados pueden a veces incomodar por su estrechez exagerada son preferibles a la cómoda ambigüedad en la que cada quien actúa según su criterio. Preocupa que el Gobierno —repentinamente
y sin ofrecer todavía una alternativa mejor— derogó el Código de Ética que regía desde la anterior administración.

A partir de ahora, es sumamente probable que tenga que enfrentar algo con lo que, a diferencia de sus predecesores, no había tenido que vérselas: una oposición intransigente. Hasta el momento, la coyuntura había favorecido notoriamente al Ejecutivo. Tanto la crisis de seguridad como la dramática situación fiscal sirvieron para propiciar un clima de unidad alrededor del presidente. Se vio beneficiado también por el mal desempeño de la administración anterior.

Es lamentable la decisión presidencial, pero es igual y hasta más lamentable que los funcionarios públicos necesiten de una serie de normas escritas en papel para saber cómo comportarse en el ejercicio de sus funciones. No es necesario que esté escrito en un documento que el funcionario público no puede llevar a sus familiares a trabajar a la institución pública que preside, ni gestionar favores que puedan constituirse en tráfico de influencias; que no debe mal utilizar los
bienes muebles, los inmuebles ni los recursos públicos.

Al mismo tiempo, es necesario entender que una medida extrema como el estado de excepción tiende
a autoperpetuarse. Es innegable la reducción de asesinatos que ha visto el país en las últimas semanas, pero si ello goza del favor popular y solo puede lograrse bajo un clima de restricciones, es tentador renovar el estado de excepción sucesivamente. A la larga, se genera un escenario ficticio que necesita de dicho decreto para mantenerse. Todo el sistema empieza también a adaptarse paulatinamente.

El hecho de que una parte de las víctimas trabajen o hayan laborado para los gobiernos locales o sus empresas públicas debe encender las alarmas sobre la debilidad y vulnerabilidad que existe en la administración pública, que no se salva de la infiltración de la delincuencia organizada. La experiencia de otros países hace sospechar que en el Ecuador los municipios y las prefecturas también son un punto de ataque de las organizaciones criminales.

Los resultados de la prueba Ser Estudiante caen como un balde de agua fría sobre la educación ecuatoriana. Duele aceptar que, en promedio, los 4,5 millones de estudiantes del país exhiben un nivel inferior al mínimo satisfactorio en materias fundamentales. Los establecimientos con los peores resultados son los fiscales, los más necesarios para romper el círculo vicioso de la pobreza. Mientras más jóvenes los estudiantes, más bajos los puntajes; esto invita a pensar que, de seguir las cosas así, el futuro ser aun más desolador.

Es necesario entender que nuestro sistema está diseñado a partir del supuesto de una población en crecimiento, con la gran masa de consumidores y economía en aumento que ello conlleva. Ni las finanzas públicas —con el déficit y la deuda— ni el sistema de seguridad social pueden sostenerse sin ese elevado porcentaje de jóvenes que aporten y consuman. Las autoridades necesitan estructurar, cuanto antes, una política nacional integral

Conforme arranca la discusión de la proforma presupuestaria para 2024, vuelven los temores justificados de que el Gobierno solo esté pateando para el próximo año los graves problemas de desfinanciamiento. Se vislumbra una estrategia que, una vez más, se basa en sobrellevar antes que en corregir.

El mercado laboral ecuatoriano no puede seguir operando bajo estructuras y supuestos de hace más de un siglo. Solo oportunas reformas como estas —a las que después deberán seguir también otras— permitirán preservar la seguridad social, competir exitosamente con otras sociedades y aprovechar el dinamismo laboral que la tecnología actual permite. No podemos continuar estancados por defender una
abstracta ‘no regresión’ que privilegia a unos pocos, pero que cierra las puertas a generaciones enteras.