En este momento álgido, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, debe recordar que el fallo del Tribunal Contencioso Electoral en su contra pudo haber sido mucho más severo. El juez estableció que Muñoz, al “inducir el voto a favor de determinada preferencia electoral o promover aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato” incurrió en una “infracción electoral grave” —estipulada en el inciso 3 del artículo 278 del Código de la Democracia— e impuso la multa correspondiente.

Desde hace algunas décadas, gracias a la tecnología digital, el mundo atraviesa una transformación solamente comparable a la que, en el siglo XV, propició la imprenta. En ese contexto, el analfabetismo digital resulta hoy tan nocivo y retardatario como el analfabetismo llano del pasado. Operar dispositivos, tener nociones de los lenguajes de programación y comprender la lógica de los algoritmos resulta hoy tan importante como, en siglos anteriores, entender un contrato, leer y conocer los derechos propios establecidos en la Constitución, o empaparse de las obras escritas que constituían la columna vertebral de nuestra civilización.

Las ofertas que un candidato hace en campaña llevan como firma su palabra. Y con ese aval, quienes eligen determinada opción lo hacen confiando en que esa palabra empeñada será la garantía de que ejecutará cuanto prometió cuando llegue al poder. Así es en la teoría, pero las autoridades que han resultado electas en tiempos recientes, tanto nacionales como seccionales, han hecho todo lo contrario a lo ofrecido, una vez que asumieron sus cargos.

Esta nueva época es el momento oportuno para generar
una institucionalidad definitiva que garantice la libertad de expresión en el país. Se requieren reglas claras, en sintonía con los compromisos internacionales y los principios universales, y los oportunos protocolos de protección a la altura del momento de inseguridad, así como las garantías básicas de no atentar contra el mercado y el modelo financiero que sostiene a la industria.

En un contexto de celebración por los 100 días de gestión, el Gobierno actual ‘raspa la olla’ para tender sobre la mesa sus principales logros. No obstante, en lo laboral, al parecer se ufana de más. ¿Cómo declarar un resultado exitoso en este campo, cuando el 2024 ha arrancado con menos trabajos adecuados y con una tasa de informalidad del 54,6 % que alcanza niveles históricos récord? A las autoridades les fallan los cálculos o intentan vender humo.

La débil estructura institucional, más el irrespeto a las leyes vigentes y la falta de medidas de control han sido los ingredientes esenciales para el cóctel molotov que ha elevado a la corrupción a proporciones inimaginables en Ecuador. El aumento salarial debe estar obligadamente acompañado de un incremento de los requisitos para ser candidato a asambleístas y a otras funciones del Estado, o participar en concursos de mérito y oposición para jueces y fiscales. La moralización integral debe ejecutarse desde las más altas esferas del poder.

La pitahaya ecuatoriana experimenta un crecimiento sin parangón. En apenas un año, dobló su exportación. Con más de dos mil hectáreas destinadas a su cultivo, lidera la categoría de frutas no tradicionales entre los productos que Ecuador exporta. Además, los productores aún aguardan la próxima apertura del mercado chino, gracias
al acuerdo comercial, lo que podría catapultar las ventas de pitahaya de forma exponencial.

Los criminales querían dejar en claro que podían alcanzar a quien quisieran, cuando quisieran, y dictar sus condiciones. Jalisco Nueva Generación es una organización presente en decenas de países —Ecuador entre ellos— y esta “cultura corporativa” no tarda en extenderse. Hechos de esta naturaleza constituyen recordatorios de la persistente fragilidad de nuestras democracias.

El resultado es una institución cuyos consejeros no se han renovado desde noviembre de 2018 y que, desde entonces, ha conducido ocho procesos electorales. Ancladas en sus puestos, las autoridades llevan una gestión hermética y silenciosa, muy distante de la opinión pública. Enúltima instancia, se trata de un flagrante irrespetoa la Constitución que, por más que se escude
en un amplio arsenal de pretextos, es ilegítimo.

El anuncio del Gobierno de haber controlado el número de muertes violentas termina siendo solo un efecto placebo; no significa que el país esté cerca de erradicar la inseguridad desbordante de la que aún es víctima. No cuando los casos de ‘vacunas’ aumentan por las facilidades que hoy se traducen en el uso cuentas bancarias y de cooperativas para, a través de ellas, ‘formalizar’ los pagos producto de las extorsiones que realizan.