RENDICIÓN DE CUENTAS
El país merece respuestas claras y urgentes. El ministro del Interior tiene la obligación política y moral de explicarle al pueblo ecuatoriano qué se ha hecho con los recursos públicos recaudados tras el incremento de tres puntos del IVA, un sacrificio que se justificó bajo una promesa concreta: reforzar la seguridad ciudadana. Hoy esa promesa luce incumplida. La violencia no cede, el miedo se extiende y la tan anunciada mejora en la seguridad no se siente en ningún rincón del país. Frente a esta realidad, el silencio oficial resulta inaceptable. El Gobierno, con el presidente de la República y los ministros del Interior y de Defensa al frente, debe rendir cuentas detalladas sobre el destino del dinero. No bastan discursos ni anuncios; el país exige transparencia. Los recursos debieron traducirse en infraestructura policial digna, en sistemas modernos de comunicación, en vehículos y motocicletas que permitan una reacción efectiva de los uniformados, y en condiciones reales para enfrentar al crimen organizado. Nada de eso se percibe con la urgencia que la crisis demanda. Cuando el Estado cobra más y cumple menos, la confianza se rompe. La seguridad no puede seguir siendo una promesa vacía: es una responsabilidad que debe explicarse, ejecutarse y demostrarse con hechos.
