ATROPELLOS Y EXCESOS
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue creada para proteger al país del lavado de activos y del financiamiento ilícito, no para convertirse en un instrumento de presión política ni de extorsión institucional. Su misión debe basarse en la evidencia, no en la sospecha. Las acciones arbitrarias, guiadas por conjeturas o intereses ajenos a la justicia, ponen en riesgo la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones. Bloquear cuentas bancarias o afectar a empresas sin una orden judicial es una violación flagrante del debido proceso. Solo los jueces, con pruebas verificadas, pueden disponer medidas tan severas. De lo contrario, se abre la puerta a abusos que pueden destruir reputaciones y economías con un simple informe administrativo. Cuando los funcionarios públicos se extralimitan y actúan al margen de la ley, vulneran los principios del Estado de derecho. Convertir a la UAFE en un instrumento de coerción política no solo es un error, es un despropósito que erosiona la democracia. Acusar de lavado de activos sin fundamentos, manipulando el sistema, debe tener consecuencias. Quienes atropellen las normas en nombre de la “sospecha” deben responder ante la justicia con la misma severidad que pretenden imponer.
