EL SILENCIO NO PUEDE SER RESPUESTA OFICIAL
En medio de la convulsión política y social que atraviesa Ecuador, existen hechos que el Gobierno busca que pasen desapercibidos, aun cuando son temas que exigen explicaciones claras y oportunas. No se trata de instaurar teorías conspiratorias, sino de actuar con la transparencia que todos merecemos. En cuestión de meses, la familia presidencial saldó una deuda millonaria con el SRI sin que se conozcan los argumentos técnicos del caso. El Ejecutivo bien podría demostrar que todo se ha manejado dentro de la legalidad, más aún cuando ha sido de conocimiento público la persecución de que fueron objeto en la época correísta. Pero se ha optado por el silencio. Igual se ha hecho cuando se interroga por el origen del financiamiento de marchas a su favor, eventos que distan de ser manifestaciones espontáneas o, cuando se pide dar detalles sobre la reciente compra millonaria de medios que un asambleísta del oficialismo realizó, sin patrimonio que lo justifique ni autoridad que lo investigue. El silencio no puede ni debe instaurarse como respuesta oficial ante dudas legítimas de la ciudadanía. El Ejecutivo tiene la obligación de bañar con transparencia cada acto de su gestión y todo aquello que salpica su entorno. Esto no se trata de favores ni de una campaña en contra el oficialismo, sino de una justa rendición de cuentas.
