ACTIVAR LA INVERSIÓN PARA EL EMPLEO
Una de las mayores preocupaciones, que inquieta a los ecuatorianos de todas las edades, es el acceso a un empleo formal, con estabilidad, beneficios de ley y seguridad social. Cuando el miembro de una familia consigue un trabajo de este tipo es motivo para la celebración. Pero el crear plazas de empleo depende mucho más del sector privado que del público. De hecho, apenas un empleo de cada 10 los genera cualquier entidad estatal. Los 9 restantes los sostiene el ámbito privado. Entonces, el país debe cuidar el tejido empresarial, de emprendimientos y de emprendedores. Pero también ayudar con la modernización del sistema laboral. Este es un pedido de los gremios desde hace varios años y que, por motivos políticos, no se toca. Hay el temor de que las sensiblerías del estatismo ganen ante las evidencias que demuestran la necesidad de contratar a jóvenes y adultos mayores, y que la autoridad de turno caiga estrepitosamente en las encuestas si quiere proponer cambios. Pero ese juego político debe terminar. El sector privado sabe que se requieren $40.000 millones de inversión para dar empleo a 5,5 millones de personas que están en la informalidad. Y hacer esa cantidad de dinero para pagar a nuevos trabajadores requiere de un esfuerzo conjunto y sostenido. Si las empresas no son fuertes, eso no ocurrirá. Y es impensable que un Gobierno, un municipio, una prefectura, lo hagan. El sector privado también necesita que el Estado ponga a dieta a la tramitología, que se depuren leyes arcaicas y vigilar los procesos de contratación pública. Hacer todo para activar la inversión.
